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Poder Judicial

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Resumen ejecutivo

Es la institución pública costarricense con la cartera más amplia de IA en producción: seis sistemas operativos en clasificación documental, automatización de pagos, predicción presupuestaria, protección de datos, análisis jurisprudencial y atención ciudadana. Publicó los Lineamientos Básicos para el uso de IA Generativa Autorizada en el Poder Judicial, que enmarcan a la IA como herramienta de apoyo, nunca sustituto del juicio legal.

Proyectos de IA (6)

Clasificación documental de cobros

Operativo

Sistema de inteligencia artificial para clasificación automática de documentos judiciales, operativo desde 2023 en el Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Pérez Zeledón (Poder Judicial). El sistema procesa expedientes de cobro judicial sin intervención manual, aplicando modelos de clasificación sobre los documentos que ingresan al juzgado, y actúa como capa base del ecosistema de automatización judicial que también incluye el Sistema de Giro Continuo. A 2025, acumula 1,302,899 documentos procesados, con reducción medida del circulante en materia cobratoria.

Operativo desde: 2023

Modelo ML de predicción presupuestaria

Operativo

Modelo de machine learning para predicción de ejecución presupuestaria del Poder Judicial, operativo desde 2019 y extendido a más de 60 centros de gestión institucional. El sistema analiza patrones históricos de gasto para proyectar la ejecución futura, permitiendo a los centros ajustar compromisos presupuestarios con antelación. Acumula un ahorro cuantificado superior a ₡100 millones y es la aplicación de IA con retorno financiero medido más antigua del sector público costarricense.

Operativo desde: 2019

Anonimización con Nymiz

Operativo

Sistema de anonimización automatizada de datos personales en documentos judiciales, implementado por el Poder Judicial desde 2023 mediante la herramienta Nymiz. Opera sobre el corpus documental de resoluciones y expedientes para suprimir o enmascarar información identificable antes de su divulgación pública, en cumplimiento de la Ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y su reglamento institucional. Es la única aplicación de IA en el sector público costarricense orientada específicamente al cumplimiento normativo de protección de datos.

Operativo desde: 2023

Análisis IA de sentencias Sala Cuarta

Operativo

Proyecto de análisis computacional mediante machine learning sobre el corpus histórico de sentencias de la Sala Constitucional (Sala IV) del período 1989-2018, desarrollado en alianza tripartita entre el Poder Judicial, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad de Costa Rica y el Programa Estado de la Nación. Publicado en 2025, procesó 433,043 resoluciones para identificar patrones temáticos, tendencias jurisprudenciales y frecuencias de materias constitucionales a lo largo de tres décadas, constituyendo la primera aplicación documentada de ciencia de datos a la investigación jurídica en Costa Rica.

Operativo desde: 2025

Sistema de Giro Continuo

Operativo

Sistema de automatización de pagos del Poder Judicial operativo desde 2024, diseñado para procesar mensualmente los giros de cobro judicial inferiores a ¢100,000 sin revisión manual por parte de funcionarios. Opera como capa transaccional sobre el clasificador documental de IA ya existente: una vez que el documento es clasificado y el expediente actualizado, el sistema ejecuta el giro de forma autónoma. En 2024 procesó 223,154 giros por un valor total de ¢5,245 millones (aproximadamente USD 10 millones), siendo la única automatización de pagos a escala nacional del sector público costarricense con impacto fiscal directo cuantificado.

Operativo desde: 2024

ChatbotPJ — Asistente virtual ciudadano

Operativo

Chatbot de atención ciudadana 24/7 que descongestiona la línea telefónica del Poder Judicial. Acceso sin cita previa para consultas sobre trámites y servicios judiciales.

Operativo desde: 2018

Lecciones de adopción

El liderazgo del Poder Judicial no se explica por presupuesto IA dedicado, sino por especialización temprana (ML presupuestal desde 2019), alianzas con academia pública (UCR e Instituto de Investigaciones Jurídicas) y un marco propio de gobernanza publicado antes que cualquier ley nacional.